Informe Elecciones Generales Honduras 2009

Autor: Mirador Electoral

Lugar y fecha de publicación:Tegucigalpa, enero 2010

Este informe reseña los resultados de varios monitoreos realizados durante el proceso electoral en Honduras, que culminó el 29 de noviembre de 2009, en un ambiente inédito para el país, pues el 28 de junio de 2009, a cinco meses de que se efectuaran los comicios, tuvo lugar un golpe de Estado que rompió con el orden constitucional logrado en el país durante 27 años consecutivos. Éste (“golpe de Estado”), no obstante, es un concepto que el informe maneja con cuidado, sin referirse como tal a él, pero sin evitarlo.

El Mirador Electoral está integrado por varias instituciones, pero destacan como autores del informe: la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FOPRIDEH), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ACI-Participa, que es una ONG.

El monitoreo se aplicó al desempeño del Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas y los partidos políticos, como las entidades sobre las que recae la principal responsabilidad en el cumplimiento de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

Asimismo, se monitorearon las agendas y planes de gobierno; la conflictividad y violencia electoral; los gastos de campaña electoral y las informaciones electorales gestadas por varios medios de comunicación.

Destacan entre sus conclusiones que no se cumplió con plenamente con los dispuesto en la ley de igualdad de oportunidades políticas porque tres de los partidos políticos no tuvieron elecciones primarias y que no existe un mecanismo eficaz de rendición de cuentas de los partidos políticos para determinar la transparencia en el manejo de su financiamiento, “menos aún para controlar las contribuciones de fondos privados”.

Sobre las campañas electorales se observó que no se cumplió con la prohibición de no involucrar las imágenes de niños(as) y adolescentes en la propaganda electoral y que persistió la debilidad en la transparencia y funcionalidad de las Mesas Electorales, quedando la acreditación de sus miembros en manos de los partidos en contienda (léase los mayoritarios) y no del Tribunal Supremo Electoral.

Entre sus conclusiones destaca también que la cobertura informativa de los medios de comunicación no alcanzó a las mujeres candidatas a diputadas ni a las corporaciones municipales, salvo en los casos de las candidatas con más recursos económicos y las corporaciones de las ciudades más grandes del país, entre las que destacaron Tegucigalpa y San Pedro Sula.