Depuración profunda y reestructuración de la policía exige la Universidad

Una mirada ciudadana sobre el desempeño del Estado y su sistema en materia de seguridad; contextualizar el problema, ver sus causas y el tipo de policía nacional al que aspira la sociedad; y demandar de los partidos políticos respuestas que trasciendan la coyuntura electoral fueron los elementos centrales que enfocó un panel de especialistas en el evento “Inseguridad, violencia y política de Estado”, organizado por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) y la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).

La jornada, que tuvo lugar en Tegucigalpa, el 30 de noviembre, presentó el “Índice de seguridad pública y ciudadana en América Latina” enfocado en El Salvador, Guatemala y Honduras, a cargo de Marcela Donadio, especialista en seguridad y directora de RESDAL.

El Índice hace un resumen infográfico sobre la problemática institucional y las claves de fondo de las capacidades estatales para proveer seguridad en cada uno de los tres países, mostrando, además, sus áreas de desarrollo y desafíos.

Como panelistas participaron las sociólogas Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Leticia Salomón, directora de Investigación Científica de la UNAH e investigadora del CEDOH, y Ramón Romero, doctor en Filosofía, director de Vinculación Universidad-Sociedad, de la UNAH.

El público recibió, además, un resumen de la propuesta de la UNAH al gobierno hondureño “para garantizar protección y seguridad, a ser ejecutada por el Estado con el monitoreo de la ciudadanía hondureña”, formulada en noviembre de 2011.

La rectora Castellanos sostuvo que el tema de la seguridad ciudadana se encuentra atrapado actualmente en la Policía Nacional “porque no existe un sistema de contrapesos que garantice a la ciudadanía seguridad, investigación y castigo”. Planteó que hay ineficiencia en las investigaciones sobre delitos y crímenes, y más grave aún, es el hecho de que la policía participa en la ejecución de estos.

El pasado 22 de octubre fueron asesinados los universitarios Alejandro Vargas Castellanos y Carlos Pineda Rodríguez, el primero, hijo de la rectora universitaria. Gracias a una investigación oportuna y rápida del Ministerio Público pudo determinarse la participación directa de al menos ocho agentes y un jefe policial en el asesinato. La policía reaccionó con el espíritu de cuerpo que ha caracterizado en el país a las instituciones armadas, y en lugar de asumir su responsabilidad, se ha vuelto cómplice del delito, pese a los cambios acelerados que dentro de su cúpula efectuó el poder ejecutivo.

Asimismo, la denuncia de la UNAH ha provocado en Honduras propuestas de reformas, encabezadas por la universidad nacional, y la ejecución de contrarreformas encabezadas por grupos de poder dentro del Estado hondureño para evitar que la policía pierda privilegios como poder fáctico. Las fuerzas armadas, en tanto, han buscado sacarle provecho a la coyuntura para recuperar parte del poder perdido.

El analista Ramón Romero destacó en su disertación los procesos frustrados de reformas durante el período de transición democrática iniciado a comienzos de los años 80 y las múltiples causas para que no se hayan consolidado, como: fallas institucionales, deformación del Estado de Derecho, aparición de nuevas formas de delito, condiciones de exclusión social y el clientelismo político.

El académico universitario destacó también que la reforma de la policía es una prioridad y debe llevar a construir la policía a la que aspira la sociedad: que proteja a la ciudadanía sobre la base de tratados y leyes; que existan controles ciudadanos e internos efectivos para una depuración y perfección permanentes, que se eliminen prácticas de abuso y corrupción, que se rehúse a cumplir órdenes ilegales y que sea eficaz en su control a la delincuencia.

La socióloga Leticia Salomón se preguntó porqué se plantea que la policía sea una amenaza para la seguridad del país, y respondió: “porque es la llamada a darle seguridad a la ciudadanía, pero la ve como un enemigo ideológico al que tiene que combatir; porque no garantiza el derecho a la protesta, sino que identifica al crítico al que hay que combatir” y porque los órganos contralores internos, de la policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no funcionan.

Remarcó, además, que contrario a lo ocurrido en Nicaragua y El Salvador, la reforma de la policía no creó una nueva policía, “que siguió siendo la misma, formada y deformada por su militarización”.

Salomón enfatizó sobre la necesidad de “poner la mirada sobre los partidos políticos, donde hay carencias y limitaciones, como desconocimiento del tema y una tradición histórica militar de la policía y no civil”. Bajo esa perspectiva recalcó que los políticos nombran a policías y militares en puestos claves, como “los conocedores del tema” y se desentienden de su desempeño.

Finalmente señaló como desafíos de la ciudadanía, políticas integrales, a corto, mediano y largo plazo, en el ámbito local, regional y nacional, para hacerle frente a la inseguridad que proviene de la delincuencia; y reformas políticas, jurídicas y al sistema frente a la inseguridad que proviene del Estado.